La Fiscalía Provincial de Familia de El Pedregal alertó sobre un preocupante incremento de casos de desprotección familiar en el distrito de Majes, Caylloma, donde durante 2025 se registraron 58 procesos tutelares vinculados al incumplimiento del deber de cuidado por parte de padres de familia.

En lo que va del 2026, ocho menores ya fueron puestos a disposición judicial para acogimiento temporal, lo que encendió las alarmas sobre la necesidad urgente de reforzar la protección infantil en la zona.

Según detalló la fiscal provincial Rubí Raquel Callata Velarde, del total de expedientes reportados el año pasado, 34 fueron derivados a la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (Demuna) por riesgo de desprotección, mientras que otros 24 llegaron al Juzgado de Familia debido a la gravedad de los hechos.

Indicó que el proceso de desprotección familiar busca apartar al niño, niña o adolescente de su familia cuando enfrenta situaciones graves de violencia, abandono, descuido o explotación.

La representante precisó que los menores afectados son ubicados temporalmente con familiares responsables o, en caso de no contar con una red de apoyo, en centros de acogida residencial, hasta que sus progenitores superen las condiciones que originaron la medida judicial.

Ante el incremento sostenido de estos casos, Callata advirtió la necesidad de implementar un albergue infantil en Majes para responder con mayor rapidez a las emergencias sociales.

ATENCIÓN. Durante la Jornada Extraordinaria de Desprotección Familiar organizada por la Corte Superior de Justicia de Arequipa el pasado 15 de mayo, la Fiscalía de Familia intervino en varios procesos críticos.

Entre ellos, solicitó el internamiento de una madre gestante con trastorno mental para proteger a sus dos hijos menores y al bebé por nacer, quien corría riesgo por el cuadro de desnutrición que presentaba la progenitora, según las autoridades.

Asimismo, la Fiscalía intervino en un caso por presunta omisión a la asistencia familiar que involucra a una madre acusada de cobrar y malgastar pensiones alimenticias destinadas a su hijo, pese a que ya no tenía su custodia tras la suspensión de la patria potestad.

Además, se gestionaron evaluaciones psicológicas, visitas sociales y medidas económicas temporales para garantizar el bienestar de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.