La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional evaluó la apelación presentada por el Ministerio Público para revertir el archivamiento del caso Cócteles contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros dirigentes del partido por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. 

La audiencia virtual se desarrolló durante varias horas y quedó al voto, por lo que el Poder Judicial resolverá en los próximos días si confirma o revoca el archivo ordenado en enero por el juez Wilson Verástegui.

La Sala también evaluó el recurso presentado por Mark Vito Villanella, exesposo de Fujimori y único investigado a quien no se le archivó el cargo de lavado de activos.

Durante la audiencia, el fiscal Germán Juárez Atoche precisó que la apelación no cuestiona el fallo del Tribunal Constitucional (TC), sino la manera en que este fue ejecutado por el juzgado. 

"El tema es netamente procesal, vinculado a la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional", señaló ante la Sala. La Fiscalía sostiene que la resolución judicial fue más allá de lo establecido por el TC y terminó anulando toda la acusación, incluyendo los cargos por organización criminal.

La defensa de Fujimori, en cambio, insistió en que el caso está jurídicamente cerrado. La abogada Giulliana Loza afirmó que no existe sustento legal para continuar con la investigación. 

"Este caso lleva muchísimos años. Ya el Tribunal Constitucional ordenó resolver dentro del más breve término. La sentencia dice que el caso es inviable jurídicamente; aquí no hay caso de lavado ni de organización criminal", declaró durante la audiencia.

Respecto a Villanella, su defensa argumentó que el proceso en su contra comparte el mismo delito fuente que el de Fujimori y que, por tanto, el fallo del TC también debería alcanzarlo.

El juez Verástegui había considerado en enero que los hechos atribuidos a Villanella eran distintos: mientras el caso de Fujimori involucra presuntos aportes de campaña, el del ciudadano estadounidense se centra en la supuesta adquisición de bienes inmobiliarios con dinero de origen ilícito.

En octubre de 2025, el TC determinó que los aportes de campaña recibidos antes de 2016 no podían ser considerados automáticamente como delito de lavado de activos. A partir de ese fallo, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso el archivamiento de los cargos contra Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular.