El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó una dura sanción contra Juntos por el Perú, agrupación que lleva a Roberto Sánchez como candidato presidencial, por recibir aportes de fuente prohibida durante la campaña electoral de 2021. 

La resolución ratifica una multa de 33 UIT, equivalente a S/176 550, además de la pérdida del 10% del financiamiento público directo, en un nuevo golpe para el partido en plena contienda electoral.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se detectaron 17 aportes de S/1000 cada uno, entre efectivo y especies, cuyos supuestos aportantes negaron haber realizado dichas contribuciones. Esto configuró una falta muy grave por aportes de origen anónimo o desconocido.

Tras una audiencia realizada el pasado 15 de mayo, el máximo tribunal electoral rechazó los argumentos del partido, que alegaba prescripción de la infracción y vulneración a su derecho de defensa.

“Se encuentra acreditado que recibió aportes de fuente prohibida”, concluyó el fallo que deja firme la sanción. Como antecedente, esta no es la primera vez que Juntos por el Perú enfrenta cuestionamientos por su financiamiento. 

Este mismo año, la ONPE ya había impuesto otra multa de 16 UIT, equivalente a S/88 mil, luego de detectar irregularidades en decenas de recibos de aportaciones que no contaban con las firmas correspondientes.

En aquella ocasión, la entidad electoral observó inicialmente 191 recibos, pero tras una verificación se determinó que 86 presentaban irregularidades. “No emitió recibo conforme a los requisitos previstos en la ley”, se lee en la resolución. 

El partido intentó defenderse argumentando que no existió intención de cometer una falta; sin embargo, la ONPE respondió que la negligencia en el cumplimiento de obligaciones legales también es sancionable, independientemente del dolo.

La decisión del JNE se conoce en un contexto electoral marcado por cuestionamientos al financiamiento de campañas y podría generar un fuerte impacto político sobre la candidatura de Roberto Sánchez. La sanción revive el debate sobre la transparencia en los aportes partidarios y el control del dinero que ingresa a las organizaciones políticas en el Perú.