El Gobierno aprobó medidas económicas extraordinarias por 170 millones de soles para enfrentar la crisis de la cadena productiva del arroz y garantizar la seguridad alimentaria nacional. La medida se formalizó mediante el Decreto de Urgencia N.° 005-2026, publicado en edición extraordinaria del boletín de normas legales del diario El Peruano.

El decreto autoriza al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a ejecutar las transferencias ante el deterioro de la rentabilidad de los productores arroceros por el alza de fertilizantes y combustibles.

De los 170 millones, 120 millones se destinan a mitigar el impacto de la sobreoferta de arroz y el incremento de costos de producción. Con esos recursos, el Midagri podrá comprar y distribuir gratuitamente arroz a personas en situación de pobreza y pobreza extrema en distritos focalizados, definidos según el mapa de pobreza del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El sector agrario deberá aprobar, en un plazo máximo de 10 días hábiles, los lineamientos operativos para la implementación, incluyendo criterios de focalización, entidades receptoras y mecanismos de distribución.

Los 50 millones restantes se transferirán al Midagri para financiar actividades de limpieza y mantenimiento de infraestructura de riego menor mediante núcleos ejecutores, con el propósito de reducir el impacto de lluvias e inundaciones en distritos declarados en estado de emergencia.

El Ejecutivo sustentó la medida en el alza internacional de fertilizantes, agravada por el conflicto en Medio Oriente, situación que —según el decreto— incrementó el riesgo de abandono de parcelas y endeudamiento entre los productores. 

La norma tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. La Contraloría General de la República realizará control concurrente y posterior sobre el uso de los recursos transferidos.

Según la norma, el arroz representó el 6.42 % del Valor Bruto de Producción agropecuario nacional en 2025 y genera ocupación directa para más de 71 000 productores en el país, de los cuales más del 75 % posee menos de cinco hectáreas de cultivo.