A más de dos décadas del Andahuaylazo, el nombre de Antauro Humala vuelve al centro del debate público debido a una deuda de S/1 200 000 por concepto de reparación civil a favor de las familias de los cuatro policías asesinados en 2005. Pese a haber recuperado su libertad en 2022 tras cumplir más de 17 años de prisión, el líder etnocacerista no ha cumplido con este pago. 

“Hasta la fecha, este sujeto no ha pagado la reparación civil conforme lo dicta la sentencia”, denunció Adolfo Cahuana, padre de una de las víctimas.

El caso se remonta al 1 de enero de 2005, cuando Humala encabezó la toma de la comisaría de Andahuaylas, dejando cuatro policías muertos y 21 secuestrados. Por estos hechos fue condenado a 19 años de prisión por homicidio y secuestro agravado. 

Sin embargo, obtuvo su libertad mediante beneficios penitenciarios durante el gobierno de Pedro Castillo, lo que generó críticas al considerar que no se garantizó el cumplimiento de la reparación económica a los afectados.

En medio de este escenario, el mayor Miguel Ángel Canga, quien fue secuestrado durante el levantamiento, reveló información que contradice la versión de Humala sobre las muertes. “El Ejército llegó recién al día siguiente”, afirmó, descartando que las fuerzas armadas hayan sido responsables. 

Además, recordó una frase atribuida al propio Humala tras los hechos: “Hemos dado muerte a cuatro perros sirvientes del Estado”, lo que refuerza la controversia sobre la autoría de los homicidios.

Pese a las exigencias de justicia, Humala ha mantenido una postura desafiante frente al pago. “Al Estado no se le debe nada”, sostuvo, llegando incluso a ironizar que cancelará la deuda “el 14 de diciembre de 2028 a las tres de la tarde”.

Para los familiares, este incumplimiento constituye una nueva forma de agravio, mientras el caso sigue abierto en el ámbito legal y mediático, reavivando el debate sobre justicia, memoria y responsabilidad en el Perú.