El abogado Rodolfo Pérez, defensa de la exfiscal de la nación Delia Espinoza, afirmó que la decisión judicial que anuló la primera inhabilitación impuesta por el Congreso contribuye a "restablecer el Estado de Derecho" y abre la posibilidad de que su patrocinada retorne al Ministerio Público. 

Pérez cuestionó la validez jurídica de la inhabilitación y sostuvo que el Parlamento nunca acreditó la responsabilidad de su defendida.

"Ella fue inhabilitada por el Congreso y el Parlamento nunca pudo demostrar que ella tuvo vínculo con esa presunta infracción constitucional", señaló.

La primera inhabilitación fue aprobada en diciembre del año pasado, cuando el pleno sancionó a Espinoza por una presunta infracción constitucional vinculada a la aplicación de la Ley 32130, norma que otorgó a la Policía Nacional la dirección de la investigación preliminar de los delitos.

El abogado también alertó sobre una segunda inhabilitación de 10 años aprobada recientemente por el Congreso, la cual, según indicó, surgió como represalia luego de que Espinoza presentara una denuncia constitucional contra varios parlamentarios en el caso conocido como "congresistas doble sueldo". 

"Lo que te da a entender es que los procedimientos parlamentarios se están haciendo de forma poco pulcra jurídicamente, pero también de forma direccionada políticamente contra los funcionarios que el Congreso considera incómodos", afirmó.

Pérez precisó que ambas inhabilitaciones no son acumulables y que cada una debe ser impugnada y resuelta de forma independiente ante el Poder Judicial.