Una grave alerta sanitaria sacude a Tacna luego de que la Contraloría General de la República revelara que peces destinados al consumo humano fueron lavados con agua contaminada en el desembarcadero pesquero artesanal de Morro Sama, debido al colapso del sistema de captación de agua de mar. 

Según el informe de auditoría, esta situación se habría registrado entre mayo de 2025 y febrero de 2026, exponiendo a miles de consumidores a un potencial riesgo para la salud por la posible contaminación de productos pesqueros comercializados en la región.

El informe advierte que el problema se agravó por el vertimiento directo de aguas residuales industriales y domésticas al mar, producto de la inoperatividad de los biodigestores y la rotura del emisor submarino. “Se detectaron niveles de contaminación que superan ampliamente los límites máximos permitidos por ley”, alertó la Contraloría, evidenciando una falta de tratamiento adecuado que no solo comprometería la inocuidad de los alimentos, sino también el ecosistema marino de la zona.

La auditoría también expone el abandono y la falta de mantenimiento en infraestructura clave del desembarcadero. Entre los hallazgos figura la pérdida funcional de equipos productores de hielo valorizados en aproximadamente 170 mil soles, recurso esencial para la conservación del pescado. Esta situación habría debilitado aún más las condiciones sanitarias en un punto clave para la actividad pesquera artesanal del sur del país.

Además del riesgo sanitario y ambiental, el informe identifica presuntas irregularidades administrativas, como pagos por servicios inconclusos y la contratación reiterada de un proveedor que no contaba con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. Estos hechos abren cuestionamientos sobre la gestión de recursos públicos y el control interno dentro de la administración del desembarcadero.

Uno de los aspectos más graves señalados por la Contraloría es que los directivos ya conocían previamente las fallas en los biodigestores, pero no adoptaron medidas oportunas para evitar el deterioro de la situación. Este antecedente podría derivar en responsabilidades administrativas e incluso legales, dado el riesgo generado para la salud pública y el medio ambiente.