El discurso político no es solo retórica: construye memoria, legitima hechos y define límites democráticos. Por ello, las declaraciones del candidato Roberto Sánchez sobre el denominado “Andahuaylazo” no pueden analizarse como un hecho aislado, sino como un mensaje con implicancias históricas y políticas concretas.
En 2005, el levantamiento liderado por Antauro Humala fue calificado por la justicia peruana como una rebelión armada que dejó al menos cuatro policías muertos. Este dato no es interpretativo, es un hecho judicial. En ese contexto, relativizar su carácter violento o redefinirlo como una “acción política” introduce una narrativa que tensiona los principios del Estado de derecho.
Las expresiones de Sánchez en 2025, donde calificó el episodio como una “revolución democrática”, evidencian una cercanía discursiva con el etnocacerismo. Más aún, al reivindicar la condena de Humala como símbolo de consecuencia política, se construye una lectura que podría reinterpretar delitos graves como actos de legitimidad ideológica.
Sin embargo, el giro posterior en campaña revela un patrón frecuente en escenarios electorales: la moderación estratégica. A medida que se posiciona como candidato competitivo, su entorno busca tomar distancia de propuestas radicales, especialmente aquellas vinculadas a confrontaciones internacionales o medidas extremas como la pena de muerte extrajudicial.
Este contraste entre discurso previo y mensaje actual plantea una pregunta de fondo para el electorado: ¿se trata de una evolución política o de una adaptación coyuntural? En democracia, la coherencia no es un valor accesorio, sino un indicador clave para evaluar la credibilidad de quienes aspiran a gobernar.
