La política arequipeña atraviesa un momento de contradicciones. El alcalde Víctor Hugo Rivera, sancionado por el Jurado Nacional de Elecciones por vulnerar la neutralidad electoral, insiste en que culminará su mandato en diciembre de 2026. Su discurso, teñido de consultas religiosas como la supuesta promesa de la Virgen de Chapi, contrasta con la realidad jurídica: la infracción está confirmada y su futuro depende de decisiones institucionales, no de creencias personales.

Más grave aún es el contexto partidario. Rivera se alineó con Alianza para el Progreso (APP), organización que en las Elecciones Generales 2026 obtuvo resultados marginales, incapaces de superar siquiera el umbral de relevancia nacional. En ese escenario, la adhesión de Rivera a APP no solo fue un error estratégico, sino un síntoma de oportunismo político.

El caso conocido como “flechita” es aún más delicado. La apelación presentada en contra de Rivera está actualmente al voto por parte del pleno del JNE, y la audiencia del 10 de abril ha sido decisiva para definir si procede la vacancia. Este proceso no es un mero trámite: representa la oportunidad de reafirmar que las autoridades locales deben rendir cuentas y no destinar fondos públicos en beneficios propios como la contratación de un cuidador de su perro. La insistencia del alcalde en minimizar el caso refleja una peligrosa desconexión con la ciudadanía y con los principios básicos de la gestión pública.

La ciudadanía merece autoridades que respeten la ley y que representen proyectos sólidos, no figuras que confunden gestión pública con campaña electoral. Rivera, al vulnerar la neutralidad, debilitó la institucionalidad municipal y expuso a Arequipa a un desgaste innecesario. Su insistencia en culminar el mandato es más un acto de terquedad que de legitimidad. La política local no puede sostenerse en promesas religiosas ni en partidos sin futuro. Arequipa necesita transparencia, coherencia y respeto a las reglas democráticas, valores que hoy el alcalde ha dejado de lado.