Si un negocio ilegal mueve más de 11 mil millones de dólares al año, destruye bosques, contamina ríos, financia redes criminales y corrompe instituciones públicas, debería ocupar los primeros lugares en la agenda electoral. 

Sin embargo, a pocas semanas de elegir al próximo presidente (a) del Perú, la minería ilegal parece haberse convertido en el gran tema incómodo que nadie quiere discutir a profundidad. 
Se habla de seguridad, economía y pobreza, pero poco de una actividad que alimenta precisamente esos problemas. Lo más preocupante no es únicamente el avance de la minería ilegal, sino el silencio político que la rodea. 

Los especialistas del Observatorio de Minería Ilegal ponen sobre la mesa propuestas concretas: cerrar el Reinfo, fortalecer las fiscalías, prohibir el mercurio y mejorar la trazabilidad del oro. Ninguna de ellas parece revolucionaria. Son medidas que responden a un diagnóstico conocido desde hace años. Entonces surge una pregunta inevitable: si el problema está identificado, ¿por qué los candidatos siguen evitando plantear soluciones claras?

Quizá la respuesta sea más incómoda de lo que muchos quieren admitir. La minería ilegal ya no es una actividad marginal escondida en zonas remotas. Su poder económico le permite influir en decisiones políticas, penetrar instituciones y construir redes de protección. Cuando una economía ilegal alcanza semejante dimensión, deja de ser solo un problema policial y se convierte en un desafío político. Y es precisamente ahí donde aparecen las dudas sobre quién está dispuesto a enfrentarla y quién prefiere convivir con ella.

Los primeros cien días del próximo gobierno serán una prueba de fuego. No bastarán discursos sobre desarrollo, lucha contra la delincuencia o protección ambiental. Habrá que tomar decisiones que inevitablemente afectarán intereses poderosos. El verdadero examen para quienes aspiran a gobernar no será lo que prometan en campaña, sino si están dispuestos a enfrentarse a una de las economías ilegales más rentables del país. Porque cuando un problema tan grave desaparece de los discursos, la sospecha ciudadana aparece de inmediato: o no entienden la magnitud del peligro o simplemente no quieren tocarlo.