Al menos ocho fallecidos, cinco heridos y 120 familias perdieron el contacto de sus seres queridos captados por una presunta red de trata que los acercó a Rusia por necesidad de trabajo y terminaron inmersos en la guerra con Ucrania.

A RRP se comunicaron un grupo de ciudadanos que denunciaron que sus familiares peruanos fueron captados con falsas ofertas laborales en Rusia y terminaron involucrados en el conflicto armado con Ucrania, según denuncias de familiares y su defensa legal. 

La situación deja, hasta el momento, ocho fallecidos, varios heridos y decenas de desaparecidos.
El abogado de los afectados, Percy Salinas, informó que los connacionales viajaron con la promesa de trabajar en seguridad, cocina o conducción, pero fueron trasladados posteriormente a zonas de combate. El reclutamiento habría sido realizado por una organización con base en Colombia y apoyo de ciudadanos peruanos.

De acuerdo con la denuncia, al llegar a Rusia les retiraron documentos personales, como pasaporte, DNI y celulares, y les obligaron a firmar contratos en idioma ruso. Además, se les indicó que debían pagar una supuesta deuda de 20 mil dólares por el traslado, lo que los colocó en una situación de vulnerabilidad.

Salinas señaló que al menos diez peruanos permanecieron en la Embajada del Perú en Rusia durante varios días; sin embargo, fueron retirados del recinto diplomático por falta de recursos. Actualmente, se encontrarían en un departamento, sin protección directa del Estado peruano.

El letrado advirtió que esta situación incrementa el riesgo de que los connacionales sean forzados a regresar a la línea de combate. Asimismo, indicó que ocho peruanos fallecieron y sus cuerpos permanecen en morgues locales, mientras que cinco se encuentran heridos en hospitales, uno de ellos en estado grave.

La crisis también alcanza a las familias en Perú. Aproximadamente 120 hogares han perdido contacto con sus parientes desde hace más de cinco semanas, en medio de ataques constantes en la zona de conflicto. Los familiares exigen acciones urgentes para su ubicación y eventual repatriación.

Ante ello, se han presentado denuncias ante la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) por presunta trata de personas, acompañadas de pruebas como mensajes, audios y videos. Además, algunos familiares reportaron haber recibido amenazas tras formalizar las denuncias.

Los afectados también han solicitado la intervención de la Cruz Roja Internacional y una reunión con el canciller para exigir una respuesta más firme del Estado. Mientras tanto, se advierte que nuevas víctimas continúan siendo captadas bajo el mismo mecanismo, lo que agrava la crisis.

Finalmente, el caso evidencia la vulnerabilidad de ciudadanos frente a redes de captación internacional y plantea cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta del Estado peruano para proteger a sus connacionales en el extranjero.