El jefe del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Arturo Zea Manrique, advirtió que existen serias limitaciones en el ejercicio del control gubernamental. Según el informe de enero a diciembre del 2025, de 238 situaciones adversas detectadas, solo 48 fueron corregidas, esto equivale apenas el 20%.

El informe también evidencia que muchas situaciones adversas del control simultáneo continúan en estado “pendiente”, “sin acciones” o “no corregidas”. En cifras, más de 190 casos se mantienen sin cierre adecuado, lo que reflejaría una débil adopción de medidas preventivas y correctivas dentro de las unidades ejecutoras del GRA.

Señaló la necesidad de trasladar el Órgano de Control Institucional (OCI) a la sede central para mejorar la supervisión. Actualmente, pese a haberse ejecutado 58 acciones de control, incluyendo 35 controles concurrentes y 15 visitas, la lejanía operativa dificultaría un seguimiento más inmediato.

Zea Manrique precisó que estas limitaciones se reflejan en sectores críticos como: salud, educación e infraestructura vial, donde se intervinieron los 4 hospitales paralizados y más de 30 proyectos bajo control concurrente.

LABOR. Las citadas acciones son parte de la función que tiene la Contraloría, la cual supervisa el uso del dinero público para evitar corrupción y pérdidas. 

Realiza auditorías de cumplimiento (verifica si se respeta la ley), control concurrente (vigila en tiempo real) y control posterior (evalúa después). 

Estas acciones permiten detectar riesgos y exigir correcciones para un uso eficiente y transparente de los recursos. Para el titular del OCI del GRA, los informes buscan ahorrar presupuesto y evitar perjuicios económicos.