El Programa Nacional de Justicia Juvenil Restaurativa una posibilidad real de cambio. No se trata solo de castigar, sino de entender qué los llevó hasta allí y, sobre todo, cómo ayudarlos a regresar.

Las cifras reflejan una realidad preocupante: durante el 2025, los varones entre 14 y 17 años concentraron la mayor cantidad de conflictos con la ley. Entre las infracciones más comunes figuran las lesiones leves, con 27 casos registrados; el hurto simple, con 13; y las faltas contra la persona, que alcanzaron a 15 adolescentes. Sin embargo, más allá de los números, el enfoque del programa apunta a intervenir en las causas profundas de estas conductas.

La psicóloga Dayana Gonzales Cornejo explica que el proceso inicia con una etapa clave: la apreciación inicial. Aquí se identifican los factores de riesgo que rodean al adolescente, desde problemas personales como la baja tolerancia a la frustración o el escaso control de impulsos, hasta contextos familiares marcados por la ausencia de vínculos sólidos. Esta fase incluye entrevistas con el adolescente y sus padres, muchas veces realizadas en comisarías o tras una citación fiscal, donde se evalúa no solo su entorno, sino también un aspecto crucial: si el menor es consciente de las consecuencias de sus actos.

“Hay adolescentes que reconocen su situación desde el inicio, pero también existe un grupo que la niega o cuestiona por qué debería estar en el programa”, señala la especialista. La participación, sin embargo, es voluntaria, lo que marca el primer paso hacia una posible transformación.

La segunda fase, la evaluación psicosocial integral, profundiza en estos factores y busca generar una motivación real para el cambio. En esta etapa, el equipo técnico emite una opinión dirigida al fiscal, quien determina si el adolescente puede acceder a un programa de orientación. Mientras la psicóloga trabaja directamente en el fortalecimiento emocional —evaluando impulsividad, manejo de frustración y rasgos de personalidad—, la trabajadora social interviene con la familia, reforzando su rol en el proceso.

Pero es en la etapa de acompañamiento y seguimiento donde se juega el verdadero desafío. Aquí, el objetivo es reducir los factores de riesgo y fortalecer aquellos que protegen al adolescente, promoviendo su reinserción social y la reparación del daño causado a la víctima. Este proceso no solo busca cambiar conductas, sino reconstruir relaciones, especialmente dentro del núcleo familiar.

Según Gonzales Cornejo, uno de los indicadores más importantes para evaluar la reinserción es que el adolescente reconozca su infracción y sus consecuencias. A ello se suma su motivación en el ámbito educativo, el alejamiento de entornos negativos y la mejora en la comunicación familiar. Cada uno de estos elementos evidencia avances reales en su proceso de cambio.

Sin embargo, hay un factor que define el éxito o el fracaso del programa: la familia. La trabajadora social María Suárez Ulhua lo resume con claridad: “El soporte familiar es indispensable. Necesitamos a los adultos responsables del adolescente, porque sin ellos no se puede avanzar”. El compromiso de los padres resulta determinante para consolidar cambios conductuales positivos.

Y es que, en muchos casos, el origen del problema radica precisamente en entornos familiares disfuncionales. Por ello, el programa no solo interviene en el adolescente, sino también en su contexto, entendiendo que la verdadera transformación ocurre cuando todo el entorno se involucra.

En medio de historias marcadas por errores, este modelo apuesta por algo más poderoso que el castigo: la posibilidad de reconstruir el camino. Porque cuando la justicia escucha, comprende y acompaña, también puede cambiar destinos.